Un camino hacia la ciudadanía

Realmente nos encontramos en un camino, un proceso hacia la plena ciudadanía, pero este camino se perfila más duro y complicado cuando nos referimos a la población inmigrante. Partimos del artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice así:

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Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición.

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La importancia de partir de este artículo es que ningún ser humano es ilegal, que hay que defender y garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos, en los que no se diferencia en ningún momento por cuestión de raza, origen, sexo… Por ello entendemos que es un grave error unir la ciudadanía a la nacionalidad y no al hecho de ser persona, porque según esto ¿qué derechos quedan amparados o no cuando éstos se condicionan a una nacionalidad, a un lugar de origen, a un trámite administrativo? Esta pregunta se torna compleja cuando el propio marco legal ha sido reformado en cuatro ocasiones en tres años, declarándose en ese proceso artículos inconstitucionales por el propio Tribunal Constitucional. No obstante, entraremos en ello a la hora de referirnos a la realidad legal y jurídica que, como veremos, condicionará la propia situación de la población inmigrante.

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Ahora bien, retomando el concepto de ciudadanía en el que en la propia introducción al Documento de Bases hacíamos referencia, esto va implícitamente unido a la idea de derechos y deberes y es más, al concepto de participación como medio para ejercer dicha ciudadanía, es decir, ser parte activa en el desarrollo político, social, económico y cultural de un país. Pues bien, todo esto en el caso de la población inmigrante, y en concreto de la juventud inmigrante, es una situación lejana y no ceñida a la realidad.

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Para acceder a un régimen de derechos y deberes similar a los de los españoles y comunitarios es preciso estar en posesión de una autorización para residir en España. La interpretación de las normas, ajenas a la realidad, y el mal funcionamiento de la Administración, son responsables, en parte, del volumen actual de población extranjera en situación administrativa irregular, cerca de 800.000 personas. La invisibilización de este colectivo tiene muchas consecuencias, algunas de ellas de gran gravedad. Los extranjeros sin autorización están abocados a emplearse en la economía sumergida y en torno a la entrada y permanencia irregular en España, surgen formas delictivas tales como el tráfico ilícito y la trata de seres humanos.

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Mención aparte debe tener la influencia de los medios de comunicación social, cuando éstos difunden en ocasiones, a través de informaciones sesgadas y parciales, estereotipos que contribuyen a la creación de las barreras de las que hablábamos antes.

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Uno de los estereotipos que perjudican y criminalizan la imagen de la población inmigrante es la asociación de inmigrante y delincuente. Hay extranjeros no comunitarios delincuentes, al igual que hay españoles y extranjeros comunitarios que delinquen, pero no puede caracterizarse al conjunto de la población no comunitaria con las actuaciones de individuos aislados, situación generada, entre otras causas, por la situación de clandestinidad y de invisibilidad en las que estas personas están obligadas a vivir. No obstante, estos datos no son, en absoluto, representativos y significativos y, sin embargo, gracias a los propios medios de comunicación llegamos a generar unas barreras y un rechazo hacia la población inmigrante. Este hecho es mucho más claro en el caso de los y las jóvenes, los cuales aúnan la criminalización social que en muchas ocasiones se produce por su doble condición de joven y de inmigrante. Esta realidad da lugar a situaciones de exclusión, que en muchas ocasiones pueden desencadenar casos de racismo y xenofobia.